La mayoría de países tienen una escala progresiva de gravamen en el Impuesto de la Renta de forma que a medida que van aumentando los ingresos del contribuyente también va a aumentando el porcentaje de sus ingresos que deberá entregar al Estado.

La justificación a esta escala progresiva es “que pague más el que más gane”.

Pero con un tipo único e igual para todo el mundo ya pagaría más el que más ganase. Si el tipo único fuera el 10%, por ejemplo, el que ganara 20.000 euros pagaría 2.000 euros al Eatado y el que ganara 100.000 euros pagaría 10.000 euros al Estado.

Lo que consigue la escala de gravamen progresiva es desincentivar el trabajo de las personas más preparadas y que más pueden contribuir a la mejora del nivel de vida del resto de la población. Cuanto más aumente el porcentaje del impuesto menos incentivos tiene el ciudadano para trabajar y producir más. Esto desincentiva la creación de riqueza, ya que a partir de ciertos niveles a mucha gente no le merece la pena realizar el esfuerzo necesario para incrementar sus ingresos, y con ellos la creación de riqueza, por el bajo porcentaje del dinero ganado que conserva en su poder.

Los países que han implantado el tipo único en su Impuesto sobre la Renta han obtenido muy buenos resultados en el aumento de la riqueza nacional.

Igual que sucede con muchos otros impuestos y dado que el Estado no crea riqueza al menos no debería evitar que los ciudadanos la creasen.

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El Impuesto sobre el Patrimono es uno de los más injustos que existen. Penaliza a todos aquellos que crean y generan riqueza y por tanto supone un freno a la creación de riqueza.

Los bienes sobre los que recae el Impuesto sobre el Patrimonio ya fueron gravados por el impuesto correspondiente (Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Sociedades, etc.) y no deberían volver a ser gravados.

Supongamos dos personas con los mismos ingresos:

• Persona A: Gasta todos sus ingresos en juegoz de azar.
• Persona B: Ahorra e invierte parte de sus ingresos. Con el tiempo consigue acumular un patrimonio compuesto por acciones, inmuebles, renta fija, etc. Además crea una empresa con la que da trabajo a 10 personas.

El Impuesto del Patrimonio penaliza a la persona B y favorece la conducta de la persona A. El papel del Estado, evidentemente, debe ser justo el contrario y favorecer todo lo posible que existan muchas más personas B que A.

Ya que el Estado no crea riqueza al menos no debería penalizar y poner obstáculos a aquellas personas que sí la crean.

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Los aranceles son una barrera comercial. Su objetivo, en teoría, es proteger la economía de un país pero su efecto es el contrario. Un arancel es un impuesto extra que tienen que pagar las empresas extranjeras.

Por ejemplo, un fabricante de herramientas extranjero tendrá que pagar todos los impuestos que tenga que pagar un fabricante de herramientas nacional más el arancel correspondiente. Eso hace que las herramientas extranjeras sean más caras que las nacionales, lo cual reducirá la demanda de herramientas extranjeras y permitirá que el fabricante nacional de herramientas siga existiendo. Los beneficios teóricos del arancel son que se han salvado los puestos del fabricante de herramientas nacional.

Pero los efectos perjudiciales son muchos otros. Se supone que las herramientas nacionales son peores y/o más caras que las extranjeras, ya que si no lo fueran no haría falta ningún arancel para que los clientes perfiriesen las herramientas nacionales. Esto implica que los ciudadanos del país están pagando más dinero del que deberían porque o bien están comprando las herramientas nacionales (más caras de por sí) o las extranjeras (con arancel). En caso de elegir las nacionales el hecho de ser unas herramientas peores hace que la productividad del país descienda.

No sólo eso, sino que el dinero que los ciudadnos se están gastando de más en pagar los aranceles o las herramientas nacionales más caras que no comprarían si no fuera por el arancel se lo están dejando de gastar en el resto de sectores de la economía, lo cual hace que la pérdida de empleos en otros sectores sea superior al número de empleos que se pretende salvar en el sector de las herramientas. El arancel sólo beneficia a los fabricantes nacionales del producto sobre el que recae dicho arancel y perjudica al resto de ciudadanos del país. En un país hay mucha menos gente dedicada a fabricar herramientas, camisetas o tomates que gente que compra esas herramientas, camisetas o tomates.

Además, mantener recursos asignados a un sector ineficiente, el de las herramientas, hace que esos recursos no se destinen a otros sectores en los que el país sí es competitivo y podría incluso exportar esos productos, lo que haría que se creara más riqueza y un mayor número de empleos de los que existen en el sector de las herramientas.

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Siempre que el Estado decide crear una subvención (Nota: El Estado no “da” ni “paga” ninguna subvención. El dinero de las subvenciones sale del bolsillo de los ciudadanos y de las empresas que son los que “dan” y “pagan” las subvenciones) establece una serie de condiciones para cobrarla.

Entre estas condiciones suele estar habitualmente el no sobrepasar cierto límite de ingresos/beneficios. Aquellas personas o empresas que tienen unos ingresos/beneficios cercanos a ese límite hacen todo lo posible para no sobrepasarlo.

Los que no tienen posibilidad de cobrar parte de su trabajo sin declararlo a Hacienda suelen optar por trabajar menos y crear menos riqueza.

En los casos en que es posible no declarar a Hacienda parte de los ingresos se suele optar por esta posbilidad. Esto supone, entre otras cosas, que personas/empresas que no deberían tener derecho a cobrar la subvención sí la van a cobrar, y se la van a pagar el resto de los ciudadanos incluídos los más desfavorecidos de la sociedad (viudas con la pensión mínima, parados, etc.). Por ejemplo, si el límite para cobrar cierta subvención son unos ingresos de 12.000 euros al año habrá personas con unos ingresos de 18.000 euros al año, de los cuales sólo declaran a Hacienda 11.500, que cobrarán dicha subvención.

Otro comportamiento provocado por la existencia de las subvenciones son los llamados “cazadores de subvenciones”. Esto suele darse en el ámbito de las empresas. Igual que sucede con las personas físicas siempre que el Estado crea una subvención para las empresas debe establecer las condiciones para cobrarla. Muchas de estas subvenciones las cobran los “cazadores de subvenciones”. Son personas que se dedican a crear y deshacer empresas con el único objetivo de cobrar subvenciones. Su fin no es ofrecer un bien o servicio a la sociedad, sino crear una empresa que cumpla los requisitos mínimos para cobrar la subvención y cerrar la empresa una vez cobrada dicha subvención. Es evidente que esto es un fraude que perjudica al resto de la población.

La mejor solución en ambos casos es suprimir las subvenciones, ya que estas destruyen riqueza y aunque aparentemente benefician a colectivos desfavorecidos siempre perjudican a otros colectivos aún más desfavorecidos.

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