Es frecuente que los políticos establezcan subidas del salario mínimo, pero no es nada frecuente que expliquen las desventajas de subir ese salario mínimo.

De hecho la sensación que transmiten estos políticos es que subir el salario mínimo por ley no tiene ninguna desventaja. Pero si esto fuera así, ¿qué sentido tiene establecer el salario mínimo en 600, 800 ó 1.000 euros?. Si subir el salario mínimo sólo depende de la decisión de un político y no tiene ningún efecto perverso, ¿por qué no establecen el salario mínimo en 100.000 euros al mes, por ejemplo?.

Es evidente para todo el mundo que se vive mejor con 100.000 euros al mes que con 800. ¿Por qué entonces estos políticos impiden que todo el mundo gane un mínimo de 100.000 euros al mes si podrían conseguirlo cambiando una simple ley?. Mucha gente vive con problemas económicos debido a sus bajos ingresos, por lo que estos políticos deberían explicar qué oscuras razones les llevan a mantener esta situación en lugar de eliminar todos estos problemas a millones de personas con el simple cambio de una ley.

Establecer un precio mínimo para cualquier cosa, salarios o televisiones, tiene serios inconvenientes.

Imaginemos que el gobierno establece que el precio mínimo de venta para los televisores fuera de 50.000 euros, algo que beneficiaría, en principio, en gran medida a los vendedores de televisores. Los ciudadanos tendrían que tomar una alternativa:

• Dejar de comprar televisores: En este caso los ingresos de los vendedores de televisiones no sería de 50.000 euros (mínimo) por aparato sino de 0 euros.
• Comprar televisores en el mercado negro a precios inferiores: Los vendedores legales saldrían perjudicados porque no venderían televisores, el Estado no recaudaría impuestos (IVA, etc.) por la venta de televisores, los ciudadanos saldrían perjudicados porque en caso de tener problemas con el aparato adquirido en el mercado negro no tendrían una garantía ni unas instituciones u organismos a los que reclamar, etc.
• Dedicar todos sus recursos económicos, incluyendo la solicitud de cuantiosos créditos, a la compra del televisor. En este caso los vendedores de todos los demás productos y servicios existentes saldrían perjudicados porque a la inmensa mayoría de los ciudadanos no les quedaría dinero para gastar en nada más.

En cualquier caso el resultado de este precio mínimo de los televisores causaría un gran aumento de la pobreza, cierre de empresas, desarrollo del mercado negro y la corrupción, menores ingresos para el Estado (por los televisores no vendidos en el mercado oficial y las empresas que tuvieran que cerrar despidiendo a todos sus empleados), etc.

Con el salario mínimo ocurre algo similar. Cuanto más suba el salario mínimo más trabajadores quedan excluídos del mercado laboral. Si se obliga a una empresa a contratar a un empleado pagándole una cantidad superior a la rentabilidad que obtiene la empresa por tener a ese empleado hay 3 alternativas:

• Mantener al empleado a pesar de perder dinero: Esto reduce la rentabilidad de la empresa y con ello las probabilidades de que en el futuro inicie nuevos negocios y contrate a más empleados. Dependiendo del número de empleados en eta situación puede peligrar incluso la existencia de la empresa y con ella los puestos de trabajo del resto de empleados que sí son rentables.
• Mantener al empleado con su sueldo anterior pero fuera de la ley, sin pagar impuestos, Seguridad Social ,etc.: El Estado deja de ingresar dinero, el empleado no tiene la protección de la Seguridad Social, la empresa está en peligro de ser multada si se descubre la situación, ,etc.
• Despedir al empleado y con ello dejar de realizar un negocio que era rentable antes de subir el salario mínimo: Las consecuencias para el empleado son evidentes. Además la empresa vería reducidos sus beneficios y con ellos las posibilidades de iniciar nuevos negocios o expandir los existentes y aumentar la plantilla de trabajadores.

Cualquiera de las 3 alternativas es mala y genera pobreza.

El camino para aumentar los sueldos es otros; reducir los impuestos y la burocracia. Esto supondría, de forma inmediata, un aumento del dinero disponible de los trabajdores a igualdad de sueldo que es lo que realmente importa. Posterioremente aumentaría el número de empresas, que tendrían que pujar entre ellas y ofrecer sueldos cada vez más altos a los empleados para contar con sus servicios.

A mucha gente le suena mejor la demagogia de aumentar el salario mínimo por ley pero, volviendo al principio, que los políticos no sean tan rácanos de establecerlo en 800 euros y lo suban, como mínimo, a los 100.000 euros al mes.

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Existe una asimetría tremendamente injusta entre los intereses de demora que debe pagar el Estado a los ciudadanos y los que deben pagar los ciudadanos al Estado. Los intereses deberían ser exactamente los mismos en ambos casos, ya que lo contrario es injusto, discriminatorio y contradice los fundamentos básicos de la Ley y el Estado de Derecho.

Uno de los principios básicos del Estado de Derecho es que la Ley debe ser igual para todo el mundo. No pueden imponerse penas o sanciones distintas para un mismo hecho dependiendo que quién lo haya cometido.

Pagar fuera de plazo es pagar fuera de plazo, independientemente de que quien pague fuera de plazo sea el Estado o un ciudadano.

La única diferencia entre que el Estado pague fuera de plazo o que un ciudadano pague fuera de plazo es quién realiza la acción, pero la acción en ambos caso es la misma, pagar fuera de plazo, y por tanto debería recibir el mismo tratamiento por parte de la Justicia.

No sólo los intereses que establece la Ley para ambos casos son muy distintos, sino que los establecidos para el caso de que sea el ciudadano el que paga fuera de plazo son tan disparatademente elevados que si cualquier empresa privada pretendiera cobrarlos por prestar dinero la propia Ley los consideraría usura y prohibiría a dicha empresa continuar con su actividad, muy probablemente exigiendo responsabilidades penales a los directivos de dicha empresa.

Para que un Estado sea realmente democrático la Ley debe ser igual para todos, incluyendo al propio Estado.

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Lo “gratis” es algo muy atractivo para los demagogos. Muchos políticos ofrecen dar determinados servicios “gratis” a la población, enfrentándose a quellos otros políticos que no quieren dar ese servicio “gratis”.

Si se piensa fríamente esta discusión no tiene ningún sentido. Nadie se negaría a dar un servicio gratis a la población si eso fuera posible, y menos un político en busca de votos. ¿Qué razón tendría un político para perder un gran número de votos, y aunque fuera uno solo, por negarse a dar algo gratis que no tiene ningún coste ni ninguna desventaja?. Gratis es dar los buenos días, y por eso nadie dejaría de darlos sabiendo que va a perder determinado número de votos por ello.

Si existieran productos y servicios gratis todos los tendríamos y no sería motivo de discusión.

Todos los políticos que ofrecen dar servicios “gratis” deberían explicar cómo funciona ese sistema de creación de lo “gratis” y por qué no lo extienden a todos los productos y servicios que conocemos. Si alguien conociera un sistema para crear cosas gratis y no le comunicase ese conocimiento a toda la población del planeta para poder utilizarlo en todo su potencial estaría cometiendo una inmoralidad inimaginable.

Son típicas las ofertas de sanidad y educación “gratuítas”. Sería un avance tremendo para la Humanidad el disponer de sanidad y educación gratuítas. ¿Pero por qué pararnos ahí?. Una vez conocido el sistema de crear cosas gratuítas debería extenderse sin ninguna limitación, poniendo a disposición de toda la población Porsches gratuítos, vacaciones de lujo gratuítas, mansiones gratuítas, ropa de altísma calidad gratuíta, etc.

Puede parecer una frivolidad comparar la sanidad con los Porsches, pero por qué renunciar a tener un Porsche cada ciudadano si es gratuíto.

La realidad es que no existen ni los Porsches gratis, ni la sanidad gratis, ni la educación gratis. Todo lo tiene que pagar alguien, y si no lo paga la persona que recibe el servicio lo tendrán que pagar el resto de ciudadanos, incluyendo en ese resto de ciudadanos que lo tienen que pagar a las viudas con la pensión mínima y parados, por ejemplo, que aunque no paguen el impuesto sobre la renta sí que pagan el IVA, el IBI y otros muchos impuestos.

Si un servicio debe ser pagado a través de los impuestos en lugar de ser pagado directamente por el beneficiario de dicho servicio debe establecerse un debate serio en el que se muestren todos los pros y los contras de ambas opciones, pero ni los políticos deben intentar engañar a la población haciéndoles creer que son capaces de crear productos y servicios gratis ni los ciudadanos deben dejarse engañar pensando que realmente existen las cosas gratis.

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El Estado no paga nada. Lo único que puede hacer el Estado es determinar que un ciudadano o grupo de ciudadanos no paguen por utilizar determinado servicio, pero eso no quiere decir que el Estado sea el que pague dicho servicio.

Como ese servicio, sea el que sea, no es gratis porque ningún servicio lo es tiene que haber alguien que lo pague, ya que el usuario directo de ese servicio no lo va a hacer.

El dinero necesario para pagar el servicio sale de las arcas públicas, y eso es lo que hace que mucha gente tenga la falsa sensación de que lo ha pagado el Estado. Es necesario seguir tirando del hilo y ver de donde salió ese dinero para entrar en las arcas públicas. La respuesta es el bolsillo de los ciudadanos.

Luego el servicio realmente lo pagan los ciudadanos, no el Estado. El Estado es un intermediario entre los que pagan el servicio (los ciudadanos) y los que cobran por la prestación del servicio, pero en ningún caso es el Estado el que paga.

Si el Estado decide que Antonio no pague por utilizar un servicio tiene que quitarle el dinero a Juan, Pedro y Susana para poder pagar a quien le presta el servicio a Antonio. El Estado no le ha pagado nada a Antonio, han sido Juan, Pedro y Susana los que lo han hecho.

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