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Que el Estado pague un servicio no quiere decir que lo tenga que prestar, el ejemplo de la sanidad

Son dos conceptos que se confunden habitualmente. Mucha personas dan por sobreentendido que el Estado tiene que encargarse de prestar ciertos servicios básicos para la población porque si dicho servicio lo prestaran empresas privadas las personas más pobres de la sociedad no podrían acceder a esos servicios básicos.
En realidad son dos conceptos distintos. Prestar un servicio y pagar ese servicio son dos cosas distintas e independientes. No tienen por qué ser realizadas de forma inseparable por un mismo ente.
Lo lógico y racional, y también lo más beneficioso para los más pobres, es que el servicio lo preste quien lo haga de la forma más eficiente.
Un caso típico es el de la sanidad. Todo el mundo, incluyendo los más pobres, debe tener asistencia sanitaria. Pero eso no quiere decir que el Estado tenga que prestar ese servicio. Es mucho más barato que el Estado pague la sanidad privada a los que no tengan recursos que mantener la estructura mastodóntica, ineficiente y destructora de riqueza que es la sanidad pública.
En España, por ejemplo, los funcionarios pueden elegir entre recibir la asistencia sanitaria en la Seguridad Social o hacerlo en una empresa privada sin pagar ningún coste adicional respecto a las cuotas obligatorias de la Seguridad Social. El resultado es que más del 90% de los funcionarios españoles eligen la sanidad privada. Prácticamente los únicos que optan por la Seguridad Social son los propios trabajadores de la Seguridad Social y algunos de sus familiares funcionarios que trabajan en otras ramas de la Administración.
Esto constiuye un trato discriminatorio e injusto para todos aquellos ciudadanos que no son funcionarios, ya que se les obliga a recibir la asistencia sanitaria en la Seguridad Social y se les niega la posibilidad de elegir que sí tienen los funcionarios. No existe ninguna justificación para esta discriminación arbitraria.
Es evidente que la sanidad privada da mucho mejor servicio que la pública, ya que si no fuera así no habría una mayoría tan abrumadora de funcionarios que la eligiera.
Además la sanidad privada es más barata que la pública. La distinta forma de costearla puede llevar a engaño, ya que la sanidad privada se paga directamente y su coste es conocido mientras que la pública se costea de forma indirecta a través de los impuestos, y aunque su coste es muchísimo mayor queda disimulado entre el resto de gastos del Estado y puede aparentar la sensación de ser menor.
Luego si la sanidad privada da un servicio mucho mejor y además es mucho más barata, ¿qué sentido tiene que siga existiendo la sanidad pública?. No sirve de excusa la parte de la población que no trabaja ni tiene recursos para pagarse un seguro privado. Al Estado (o sea, a todos los ciudadanos) le saldría mucho más barato pagarle un seguro privado a esas personas que mantener la rémora de la sanidad pública.
Esto tendría otro efecto muy importante; la reducción de impuestos que se podría llevar a cabo con el ahorro en los gastos sanitarios que se obtendría tendría como consecuencia una aumento de la riqueza nacional y una importante disminución del número de personas que no tuvieran recursos para pagarse un seguro privado.
La mejor forma de ayudar a los pobres es disminuir el número de pobres mediante el aumento de su nivel de vida.
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