Las subvenciones favorecen la economía sumergida y la aparición de los “cazadores de subvenciones”
Siempre que el Estado decide crear una subvención (Nota: El Estado no “da” ni “paga” ninguna subvención. El dinero de las subvenciones sale del bolsillo de los ciudadanos y de las empresas que son los que “dan” y “pagan” las subvenciones) establece una serie de condiciones para cobrarla.
Entre estas condiciones suele estar habitualmente el no sobrepasar cierto límite de ingresos/beneficios. Aquellas personas o empresas que tienen unos ingresos/beneficios cercanos a ese límite hacen todo lo posible para no sobrepasarlo.
Los que no tienen posibilidad de cobrar parte de su trabajo sin declararlo a Hacienda suelen optar por trabajar menos y crear menos riqueza.
En los casos en que es posible no declarar a Hacienda parte de los ingresos se suele optar por esta posbilidad. Esto supone, entre otras cosas, que personas/empresas que no deberían tener derecho a cobrar la subvención sí la van a cobrar, y se la van a pagar el resto de los ciudadanos incluídos los más desfavorecidos de la sociedad (viudas con la pensión mínima, parados, etc.). Por ejemplo, si el límite para cobrar cierta subvención son unos ingresos de 12.000 euros al año habrá personas con unos ingresos de 18.000 euros al año, de los cuales sólo declaran a Hacienda 11.500, que cobrarán dicha subvención.
Otro comportamiento provocado por la existencia de las subvenciones son los llamados “cazadores de subvenciones”. Esto suele darse en el ámbito de las empresas. Igual que sucede con las personas físicas siempre que el Estado crea una subvención para las empresas debe establecer las condiciones para cobrarla. Muchas de estas subvenciones las cobran los “cazadores de subvenciones”. Son personas que se dedican a crear y deshacer empresas con el único objetivo de cobrar subvenciones. Su fin no es ofrecer un bien o servicio a la sociedad, sino crear una empresa que cumpla los requisitos mínimos para cobrar la subvención y cerrar la empresa una vez cobrada dicha subvención. Es evidente que esto es un fraude que perjudica al resto de la población.
La mejor solución en ambos casos es suprimir las subvenciones, ya que estas destruyen riqueza y aunque aparentemente benefician a colectivos desfavorecidos siempre perjudican a otros colectivos aún más desfavorecidos.
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