Eléctricas contra usuarios: la gran batalla de la descentralización
Las consecuencias de que una tecnología avance hasta ser capaz de soportar posibilidades antes inexistentes son, en ocasiones, complejas. En un mundo en el que ya hemos visto grandes industrias temblar y resquebrajarse por el desarrollo de tecnologías que permitían a los usuarios llevar a cabo acciones que antes únicamente ellas podían hacer, llevamos ya varios años anticipando un capítulo más, con un impacto potencial enorme y con una problemática especial asociada a España: el desarrollo de tecnologías capaces de hacer posible la generación de electricidad a nivel distribuido, a partir de una fuente tan renovable como el sol.
En efecto, la tecnología de paneles solares los ha llevado ya a sobrepasar unos niveles de eficiencia notables, y la de los acumuladores eléctricos está ahora mismo siendo protagonista de importantes inversiones y desarrollos por parte fondos tan visionarios como Kleiner Perkins Caufield & Byers, o de personajes como Vinod Khosla, Bill Gates o Elon Musk. La generación descentralizada de energía eléctrica llega ya a los 600.000 sistemas instalados en los Estados Unidos, y las protestas de las empresas eléctricas tradicionales empiezan a convertirse en importantes en algunos estados.
El caso de Hawaii es especialmente interesante: dotado de un muy elevado índice de insolación, el “Aloha state“ es un candidato ideal para el desarrollo de este tipo de energía: de hecho, es muy habitual ver convivir en los tejados de sus casas los dos tipos de placas, las destinadas a producir agua caliente y las fotovoltaicas. Alrededor de un 12% de los hogares hawaianos tienen instaladas placas fotovoltaicas, algo que ha desencadenado una auténtica batalla entre los usuarios y las empresas de suministro de energía eléctrica: durante los últimos años, muchos usuarios han visto incrementarse de manera importante los plazos para la aprobación y puesta en marcha de sus instalaciones domésticas, lo que lleva a que durante muchos interminables meses tengan que pagar a la vez los recibos de la luz y los plazos de la instalación de las placas solares, además de ver reducido a la mitad el precio que las compañías eléctricas pagan a los particulares por la energía que inyectan en la red.
Las alegaciones de las empresas eléctricas tienen que ver con la gestión de la energía que los particulares devuelven a la red: según las compañías, el diseño de la red no está pensado para gestionar un flujo inverso y una producción de energía de esas características. Una producción que además, en muchos casos, no puede ser medida o tenida en cuenta directamente por las compañías porque la instalación se encuentra detrás de un contador doméstico, una situación que podría terminar generando sobrecargas y apagones en la red. A las empresas eléctricas tradicionales, la idea de tener que pagar – a quienes hasta el momento les pagaban – por una producción de electricidad poco fiable en unas instalaciones “caseras” que les resultan muy difíciles o imposibles de controlar les resulta prácticamente anatema. Si lo pensamos a escala española, uno de los países con mayor número de segundas viviendas en zonas soleadas que podrían estar tranquilamente generando ingresos a sus propietarios mientras están cerradas, la idea les produce si cabe todavía más alergia.
El caso español resulta especialmente paradójico: en el país de Europa sujeto a mayor insolación y que posee además una enorme dependencia de fuentes de energía externas, la instalación doméstica de placas fotovoltaicas es meramente testimonial debido a una simple “amenaza” de normativa que hipotéticamente penalizaría a quienes las instalasen, una normativa considerada un “impuesto al sol” que no se encuentra reglamentada ni tiene visos de ponerse en marcha próximamente, y que parece proceder simplemente de la intensa actividad de lobbying de las empresas eléctricas. En Alemania, a modo de comparativa, los subsidios gubernamentales han llevado a que los tejados de usuarios particulares y negocios de todo tipo se llenen de placas fotovoltaicas, hasta el punto de haberse convertido en un caso de estudio a nivel mundial: el país genera ya un 31% de su energía a partir de fuentes renovables, y está previsto que llegue al 35% al final de la década. La producción de energía solar ha llegado a alcanzar picos momentáneos del 40% del total a una hora determinada y del 20% diario en un país no especialmente caracterizado por poseer una gran insolación.
A medida que las baterías y las placas fotovoltaicas incrementan su eficiencia y disminuyen su coste (las placas fotovoltaicas han disminuido su precio un 50% desde el año 2006), parece claro que el futuro tecnológico de la generación eléctrica apunta a la descentralización y que existen enormes oportunidades de negocio vinculadas con la instalación de equipamiento doméstico, pero ese negocio se convierte en un deporte de riesgo ante los intentos de las empresas eléctricas por preservar su modelo de negocio. Un caso más de resistencia al desarrollo tecnológico que, en no mucho tiempo, vamos a ver escenificarse en numerosos sitios. La batalla de la descentralización, aunque tenga un importante componente de desarrollo tecnológico y de innovación, no va a ser estrictamente tecnológica: va a ser de otro tipo.
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