La propuesta de modificación de la regulación del sistema retributivo del transporte de gas pretende autorizar al gobierno para modificar la ley que regula estas materias, que es de 2014.
En la normativa legal, se establece un plazo de vigencia del método de cálculo de estas retribuciones, que debe estar en vigor hasta 2020, por disposición directa de la ley. Estos plazos legales pretendieron introducir certidumbres que permitan la planificación de inversiones, asegurando a los inversores que, al menos hasta 2020, la remuneración del sistema (y por tanto los beneficios del operador) son estables y previsibles. El plan de dividendos de enagás está basado en esas previsiones legales.
Ahora desde el gobierno se quiere modificar esto anticipadamente, cambiando las reglas a mitad de su vigencia (las normas en teoría están en vigor hasta 2020, de modo que faltan tres ejercicios completos 2018, 2019 y 2020) y todo esto para pegar un tajo de 1.000.000.000 € a los accionistas de estas empresas, que vamos a ver cómo esas previsiones legales se quedan en papel mojado para que el gobierno pueda vender políticamente una rebaja en el recibo de la energía.
Lo que caracteriza a las dictaduras, por oposición a los estados de derecho, es que en las dictaduras el poder no se encuentra obligado a cumplir sus propias leyes y puede cambiarlas a su antojo. Eso es exactamente lo que pasa aquí.
Este gobierno nos quiere ROBAR, sin paliativos. Hace burla de sus propias normas y de los derechos de los inversores.
No es extraño que los afectados se asocien para defender sus derechos:
En la normativa legal, se establece un plazo de vigencia del método de cálculo de estas retribuciones, que debe estar en vigor hasta 2020, por disposición directa de la ley. Estos plazos legales pretendieron introducir certidumbres que permitan la planificación de inversiones, asegurando a los inversores que, al menos hasta 2020, la remuneración del sistema (y por tanto los beneficios del operador) son estables y previsibles. El plan de dividendos de enagás está basado en esas previsiones legales.
Ahora desde el gobierno se quiere modificar esto anticipadamente, cambiando las reglas a mitad de su vigencia (las normas en teoría están en vigor hasta 2020, de modo que faltan tres ejercicios completos 2018, 2019 y 2020) y todo esto para pegar un tajo de 1.000.000.000 € a los accionistas de estas empresas, que vamos a ver cómo esas previsiones legales se quedan en papel mojado para que el gobierno pueda vender políticamente una rebaja en el recibo de la energía.
Lo que caracteriza a las dictaduras, por oposición a los estados de derecho, es que en las dictaduras el poder no se encuentra obligado a cumplir sus propias leyes y puede cambiarlas a su antojo. Eso es exactamente lo que pasa aquí.
Este gobierno nos quiere ROBAR, sin paliativos. Hace burla de sus propias normas y de los derechos de los inversores.
No es extraño que los afectados se asocien para defender sus derechos:
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