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Contrato mercantil vs laboral

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    CONTRATOS MERCANTILES VS LABORALES

    Creo oportuno sacar este asunto porque a la hora de darse de alta en autónomos hay que tener muy en cuenta cuándo se entiende que se es autónomo y cuándo se es un falso autónomo.

    Mi recomendación cuando se va a trabajar para un tercero o cuarto, etc… es consultarlo con un abogado especializado en Derecho Laboral para que nos pueda ubicar correctamente en la figura que más se adapte a nuestra situación personal. Esto es un consejo tanto para la parte contratante como para el contratado.
    Todo esto viene derivado de lo que se denominan “criterios de laboralidad” y conviene tenerlo muy presente cuando un profesional va a prestar un servicio a otro entendiendo ambos que con un contrato mercantil, siendo autónomo, la situación queda enmarcada dentro de la legalidad.

    Los contratos a tiempo completo o con una dedicación importante de tiempo, tienen todos carácter laboral. Ni siquiera cabe considerarlos como de “autónomo económicamente dependiente”, aunque esto dependerá mucho de la actividad profesional en concreto.(consultar Real Decreto 197/ 2009)

    Las relaciones esporádicas se pueden aceptar como mercantiles, pero en la práctica es poco creible para una Inspección de Trabajo.
    Las relaciones esporádicas pero de corta duración (p.ej, un día a la semana) eran objeto de duda y requerían un análisis meticuloso de la independencia y ajeneidad de la relación. El no considerar esta relación como laboral resultaba peligroso, pero el Tribunal Supremo ha despejado la duda en varias sentencias declarándolas todas “de carácter laboral y no mercantil”.

    La peligrosidad de no considerar laboral una relación que pudiera ser entendida así por los Tribunales de lo social, no sólo dimana de las sanciones y la costosa regularización con la Tesorería de la S.S en caso de inspección, que luego por cooperación entre administraciones, conduciría a otra inspección, esta vez por parte de Hacienda, en la que se reclamarían las retenciones no practicadas a los contratados, pues deberían ser superiores al 15% que se practica a los servicios de autónomos, y a la vez un contratado relacionado mercantilmente, podría reclamar más tarde una indemnización por despido, en caso de que se aceptara que había una relación laboral encubierta.
    Por tanto, lo recomendable es no aceptar contratos mercantiles cuando existen indicios razonables de laboralidad, aún cuando los propios contratados lo pidan, por interesarles económicamente y por interesarle también al contratante. Las buenas relaciones pueden volverse malas de improviso, y los acuerdos legales pueden ser negados. Así que a los contratantes les interesa la laboralidad de los contratos cuya naturaleza sea incuestionablemente laboral, y la de los contratos cuya potencial laboralidad es razonablemente dudosa.

    En caso de Inspección, el inspector no está facultado para dictaminar el carácter de la relación y proponer sanciones a tenor de su opinión sino que debe ser un Juez de lo Social el que resuelva la cuestión.
    Cabe señalar que siempre que se ha llegado al Juzgado ha ganado la S.S porque hay jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo y éste ha sido claro en la sentencia.

    Antes se entendía que creando una sociedad profesional y otorgando una participación al contratado y dado de alta en el RETA, ya servía, sin embargo el Tribunal Supremo, nuevamente lo ha derogado por entender que es “fraude de ley”.
    Tampoco sirve la creación de una sociedad no profesional porque entonces la participación del socio para eludir el Régimen General de la S.S debe ser del 25%, de modo que con dos contratdos se perdería el control de la sociedad.
    Otra forma que se utilizaba era que el contratado facturase directamente al cliente final, según sus propios honorarios, pero el Tribunal Supremo, nuevamente lo ha considerado fraude.

    Debido a la crisis y a la necesidad por parte de la S.S de recaudar, se ha puesto en el punto de mira a la figura del autónomo por resultar poco productivo para las arcas de la S.S. Con una cuota de 250 euros el Estado ha llegado a la conclusión de que hay que regularizar los criterios de laboralidad para que determinados sectores profesionales coticen,no los 250 euros por autónomos sino en relación a lo realmente producido o facturado para un tercero. La forma más rápida de regularlo ha sido mediante Inspección y denuncia por parte de Trabajo ante los tribunales competentes, porque entiende que la relación no es mercantil sino laboral, y que a juicio de la Inspección eso conlleva una sanción por no dar de alta a los profesionales en el régimen general de la S.S

    Una vez firmada la sanción, la S.S reclama todos los atrasos y recargos por un período de 4 años de lo correspondiente que se debería haber ingresado en las arcas de la S.S por los honorarios percibidos, modelos 190, por los profesionales colaboradores, que suele oscilar entre un 30-33% de los pagos realizados, más un 20% de recargo más la sanción correspondiente.

    A partir de aquí empieza un calvario de recursos judiciales que, aunque en alguna situación sea ganada por el denunciado, la Administración sólo tiene que recurrir aludiendo a la sentencia del Supremo donde ha fallado en contra de forma demoledora con una sentencia de adoctrinamiento en la materia, en la cual ha dejado claro cuales son los criterios de ajeneidad laboral y por ende le da la razón a la Inspección de Trabajo y condena a pagar la sanción, los atrasos y recargos a la S.S, costas judiciales y abogados, etc…

    Esta sentencia es demoledora porque elimina la posibilidad de recurso a las diferentes instancias judiciales ya que la incansable Inspección de Trabajo sólo ha de seguir recurriendo fallos favorables hasta llegar a la más alta instancia judicial para que le vuelvan a dar la razón.

    Esta táctica, la Administración la está siguiendo por gremios, en su día fue muy famoso el caso del gremio de Abogados.
    Por tanto, mi recomendación ante esta situación es informarse y asesorarse muy bien para que no nos llevemos sorpresas de muy mal gusto en cuestión económica.

    Por último, sólo aclarar que la parte sancionada siempre es la contratante, nunca el contratado, de ahí la importancia de esta situación que esté bien regulada puesto que a priori, a las dos partes les puede resultar económicamente más atractiva la fórmula del contrato mercantil pero hay que tener muy en cuenta que, en caso de sanción, nunca se dirige hacia el trabajador puesto que la ley interpreta que al ser la "parte débil", ésta ha aceptado obligadamente dicho contrato para que el empleador-empresario se ahorre las cotizaciones correspondientes a la S.S, no teniendo en cuenta el Tribunal que la situación pudiera ser a la inversa porque el trabajador vería mermados sus ingresos al tener que cotizar por él el empresario, no interesándole por obtener menores ingresos netos.

    Esto es de suma importancia puesto, que como ya he dicho anteriormente, la relación pudiera establecerse de mutuo acuerdo y por circunstancias, al querer finiquitar la relación, el trabajador con presentar denuncia correspondiente alegando despido improcedente y fraude en contrato, la maquinaria administrativa se pondría en funcionamiento, siempre en detrimento de la parte contratante, nunca del contratado.

    Fuente sentencias: www.poderjudicial.es
    Editado por última vez por elithor; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/2713-elithor en 26-01-2012, 01:54 PM.
    mi web/blog para emprendedores
    www.lagrutadelmonje.com

  • #2
    Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
    Gracias, Elithor.

    Todas estas complicaciones son una buena muestra de la burocracia que hay en España, y por qué tenemos un paro de más del 20% cuando el resto de Europa anda alrededor del 7%-8%.

    En teoría estas cosas se hacen para protefer a los trabajadores (a la vez que se les obliga a participar en la estafa piramidal de las pensiones públicas, lo cual es un contrasentido total), pero en la práctica lo que hacen es generar paro y pobreza.

    Un saludo.


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