La única alternativa es comenzar a hacer lo que se debería haber hecho desde un principio; un sistema de capitalización.

      Un sistema de capitalización consiste en que el dinero que aporta cada persona queda en una cuenta a su nombre y es invertido de forma que genera riqueza con el paso del tiempo. Al llegar a la jubilación la persona disfruta de los rendimientos del patrimonio que haya acumulado a lo largo de su vida laboral en lugar de necesitar que el Estado saquee a los trabajadores en activo para que le entregue una limosna con la que malvivir el resto de sus días.

      Este dinero podría invertirse en planes de pensiones, fondos de inversión, acciones, bonos o lo que cada persona decidiese.

      Lógicamente no se puede desmontar la estafa actual en un día y que al día siguiente todo el mundo tenga un sistema de capitalización. Tiene que haber una transición entre ambos sistemas, y cuanto más tarde comience a hacerse esta inevitable transición más complicada resultará.

      Las personas que comiencen a trabajar deben dejar de entrar en la estafa piramidal actual inmediatamente e iniciar ya su cuenta de capitalización individual.

      Paralelamente el Estado debe vender lo más rápidamente posible “hasta la última escoba”; todas las cajas de ahorros y sus participaciones en otras empresas, AENA, Renfe, RTVE y todas las televisiones y radios autonómicas y municipales, Correos, la SEPI y todas sus participaciones empresariales, todas las empresas propiedad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, etc.

      A medida que se vaya obteniendo dinero con estas ventas se debe ir capitalizando las cuentas individuales de la mayor cantidad de ciudadanos posible, empezando por los de menos edad. Debe empezarse por los de menos edad porque es a los que resulta más fácil capitalizar su cuenta individual por habérseles quitado menos dinero que a los trabajadores de más edad y porque es la forma de acabar antes con la transición entre la estafa actual y el sistema honrado de capitalización. Aún así esta transicción durará décadas.

      Si el dinero obtenido con estas ventas no es suficiente para capitalizar las cuentas de todos los trabajadores en activo habrá que establecer un sistema mixto para esa parte de la población a la que no se haya podido resarcir de la estafa actual. Lo que aportaban hasta ahora a la Seguridad Social deberá ir a su cuenta privada individual desde el momento en que se inicie este proceso de transición. Al llegar a la jubilación habrá que completar las rentas que hayan podido conseguir generar con su ahorro individual con una pensión/subsidio público en compensación al dinero que les fue arrebatado en su día y no se les pudo devolver.

      Las pensiones de los actuales jubilados evidentemente deben pagarse con el Presupuesto del Estado, ya que estas personas fueron estafadas en su día y ahora es implanteable dejarlas tiradas. El esfuerzo económico requerido para pagar a estos jubilados es enorme, pero no debe recaer sobre los ciudadanos.

      El sacrificio necesario para hacer frente a estos pagos debe recaer en políticos y burócratas. Para ello hay que reducir el gasto de todas las Administraciones Públicas de forma drástica y radical.

      Hay que suprimir ministerios y organismos enteros, el 99,99% de los coches oficiales, el 99,99% de los cargos designados a dedo (“asesores” y demás), la inmensa mayoría de cargos políticos, la corrupción a todos los niveles que existe en la Administración Pública (sobornos, comisiones, desvío de fondos, etc.), racionalizar con criterios de verdadera eficiencia el 100% de los procesos que realizan las Administraciones Públicas y el 100% de los gastos en que tienen que incurrir para desarrollar (exclusivamente) sus funciones básicas, etc.

      De todos estos recortes es de donde debe salir el dinero para pagar las pensiones a los jubilados actuales por haber sido estafados en su día.

      A medida que el número de jubilados vayan reduciéndose de forma natural (llegará un momento en que ya no entren más personas en el sistema de cobro de pensiones del Estado por tener su cuenta individual íntegra al llegar a la edad de jubilación) la disminución del gasto en pensiones debe reflejarse de forma directa e inmediata en reducciones de impuestos.

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